Ministerio Público Fiscal

Hugo es Fiscal General de la Cámara Federal de Bahía Blanca. Fue militante universitario y gremial. Durante la década del 80' trabajó por la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida y del decreto de indulto 1002/89. En la actualidad es colaborador activo de los juicios a los represores de las FFAA que se realizan en el exterior y de los Juicios por la Verdad. Entre el 2004 y el 2014 presidió la Comisión Provincial por la Memoria. Nota: Hugo Cañón falleció el 3 de enero de 2016.

Jorge Eduardo Auat nació en Santiago del Estero y estudió derecho en la Universidad Nacional de Córdoba. En 1996 fue designado Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, provincia de Chaco. Intervino como fiscal en la causa por la masacre de Margarita Belén y en la causa del Regimiento de Infantería N° 9 de la ciudad de Corrientes, en las que se jugaron delitos de lesa humanidad. En el año 2007, el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, lo designó al frente de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, que en 2013 se transformó en la Procuraduría de crímenes contra la humanidad del Ministerio Público Fiscal.

Félix Pablo Crous es abogado y especialista en administración de justicia. Estudió en la Facultad de Derecho de la UBA y trabajó en la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional mientras era estudiante. En 1990 ganó un concurso para ser secretario de cámara en la Justicia Federal, y en 1996 fue designado Fiscal de Instrucción en la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional. A fines de la década del ’90 integró una Comisión de Fiscales que se formó a instancias de la Procuración General de la Nación (PGN) para apoyar el trabajo de restitución de niños apropiados. Y luego, desde la Procuración, comenzó a intervenir en juicios vinculados al proceso de verdad y justicia que comenzaban a cobrar ritmo en diferentes lugares del país luego de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Estuvo primero en la ciudad de La Plata, donde impulsó varias denuncias basadas en la información que se había acumulado en el Juicio por la Verdad. Cuando regresó a Buenos Aires, se hizo cargo en la PGN de una Unidad de Coordinación de los Juicios por casusas de violaciones a los derechos humanos creada para hacer el seguimiento y brindar apoyo a los juicios en todo el país. En 2004 fue enviado a Tucumán, para impulsar los juicios en esa provincia, y también en Santiago del Estero y Catamarca. Actualmente está a cargo de la Oficina de Enlace Legislativo de la Procuración General de la Nación.

Judith König es contadora y economista. Actualmente se desempeña al frente de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal. Participó en el análisis de documentación contable de empresas vinculadas a violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Entre 1984 y 1985, fue parte del equipo de la fiscalía del Juicio a las Juntas. Nota: Judith falleció el 29 de enero de 2022.

Martín Niklison es Fiscal de Instrucción en lo Criminal en la Justicia Nacional. Estudió derecho en la UBA y siendo estudiante entró a trabajar en la Justicia Federal en el año 1977, donde hizo toda la carrera judicial. En el año 1989 fue nombrado Secretario de la Fiscalía General de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Fue fiscal ad hoc en el juicio oral en que se juzgó a Seineldín y el grupo de militares que se alzaron en armas en diciembre de 1990. A partir de 2003, con la reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad, participó como fiscal en distintos juicios: el juicio por la apropiación de Alejandro Sandoval; el juicio por el Plan Sistemático de apropiación de bebés, y el juicio por los hechos ocurridos en la Sub-zona 16 a cargo de la Fuerza Aérea en la zona oeste del Gran Buenos Aires, entre otros. En 2013 estuvo a cargo de la Unidad de Coordinación de los Juicios por causas de violaciones a los derechos humanos de la Procuración General de la Nación.

Pablo Parenti es fiscal general y es el titular de la Unidad de Apropiación de Niños, creada en 2012 por la Procuración General de la Nación. Trabaja en el poder judicial desde 1995 y trabaja desde 2000 en causas sobre violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Tuvo un importante rol como secretario del juez Gabriel Cavallo cuando declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el llamado “Caso Simón” en 2001. Fue coordinador de la Unidad de coordinación las causas de lesa humanidad del Ministerio Público Fiscal, creada en 2007.

Javier de Luca es fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal criminal de la Argentina. Ejerce como docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se formó. En 1985, ejercía como secretario letrado de la Cámara Federal, que tuvo a su cargo el Juicio a las Juntas. Antes de concursar para desempeñarse ante la Cámara de Casación, intervino como fiscal en las primeras causas por crímenes de Campo de Mayo (juicio por Floreal Avellaneda y el proceso contra Luis Abelardo Patti). También tuvo participación en el juicio por secuestros y desapariciones en el Hospital Alejandro Posadas y en el proceso por la masacre de Margarita Belén.

Pablo Enrique Ouviña nació en 1963 en la Ciudad de Buenos Aires. Estudió derecho en la UBA entre 1981 y 1986 y cuando se recibió ingresó como empleado en la justicia, primero en la cámara federal y luego en la justicia nacional en lo criminal de instrucción. En 1993 fue designado fiscal en lo criminal ante tribunal oral. Entre 1999 y 2005 formó para del Proyecto Saavedra, un grupo de fiscales que hacía un trabajo territorial en los barrios de Saavedra y Núñez, en CABA. En 2008 fue convocado desde la Procuración General de la Nación para trabajar en las causas de lesa humanidad. Entre 2009 y 2011 fue fiscal en el Juicio ESMA, y entre 2013 y 2016 lo fue en el Juicio Plan Cóndor.

Horacio Azzolin es Fiscal de la Procuración General de la Nación. Estudió derecho en la Universidad Católica Argentina y se recibió en 1996. Hizo un posgrado en derecho penal en la Universidad de Palermo, en 1999-2000. Entre 1997 y 2007 fue secretario de un juzgado penal. En 2008 fue nombrado Fiscal Federal en Necochea, provincia de Buenos Aires, donde estuvo dos años. Participó como fiscal en el primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en Mar del Plata, y también en juicios en Bahía Blanca y Salta. Actualmente está a cargo la Unidad Fiscal Especializada en temas de cybercrimen.

Pablo Pelazzo nació en Jujuy y estudió abogacía en la UBA entre 1996 y 2002. Regresó a Jujuy en 2003 y como abogado se sumó al trabajo de las organizaciones sociales en temas de derechos humanos en general. Participó en el juicio a la verdad y luego formó parte de la querella en todas las causas de lesa humanidad de la provincia. En 2012 fue nombrado Fiscal ad hoc en la unidad de juicios de lesa humanidad en la Justicia Federal de Jujuy.

Alejandro Alagia nació en la Ciudad de Buenos Aires en 1963 y se crio en el barrio de Caballito. Estudió derecho en la UBA y siendo estudiante ingresó a trabajar a tribunales. En la década de los 90 fue designado fiscal adjunto en la Justicia Federal, y pocos meses después fue ascendido a fiscal titular en la Justicia Correccional. En 2001 gana el primer concursos de este tipo que se realiza en el Poder Judicial, y es designado como fiscal ante un Tribunal Oral Nacional de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional. En 2009 es convocado desde la Procuración General de la Nación para hacer los juicios de lesa humanidad. Fue fiscal en el Juicio ABO (Atlético, Banco, Olimpo), realizado en 2009-2010 por los hechos ocurridos en tres centros clandestinos de detención localizados en la Ciudad de Buenos Aires; en el Juicio por el centro clandestino El Vesubio; y en los juicios a Sánchez Reisse y Vergez, entre otros.

Carlos Gonella nació en Villa María, provincia de Córdoba y estudió derecho en la Universidad Nacional de Córdoba. Se recibió de abogado en el año 2000. Se especializó en derecho penal y en criminología. Fue profesor concursado en la Universidad nacional de La Rioja. Trabajó en la justicia provincial de Córdoba y luego en la justicia federal de la misma provincia. En el año 2009 fue designado fiscal federal. Trabajó en casos por delitos de lesa humanidad y en casos de delitos económicos. Entre los años 2013 y 2016 estuvo al frente de la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Marcelo es abogado y se desempeñó en la Justicia Nacional en lo Criminal, a principios de los 90 fue designado fiscal en la justicia federal de Mar del Plata donde participó del juicio por la verdad de esa ciudad. Actualmente es fiscal ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín desde el año 2002.

Nació en La Plata en el año 1971. Estudió derecho en Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, entre 1989 y 1994. Ingresó a trabajar en la Justicia Federal de La Plata en el año 1993, como relator del juez Leopoldo Schiffrin. A fines de 1998 fue designado secretario en los juicios por la verdad de La Plata. En los años 2000-2001 hizo una Maestría en Derechos Fundamentales en España y a su regreso continuó en su cargo de secretario en la Cámara Federal. En el año 2004 fue designado secretario en la Unidad Fiscal de DDHH de La Plata del Ministerio Público de la Nación, y en 2009 lo nombraron fiscal ad hoc. En 2013 ganó un concurso para Fiscal General ante los Tribunales Orales Federales de La Plata, y hasta la fecha continúa en ese cargo. Como fiscal, actuó en los juicios por los hechos ocurridos en la Unidad 9, el Circuito Camps, “La Cacha”, el ámbito de la Fuerza de Tareas 5, en la ciudad de Junín, y también intervino en tres juicios de apropiación y los juicios por el secuestro de los hermanos Iaccarino y el de Favero.

Carlos Rívolo es fiscal federal desde 1995 en la Ciudad de Buenos Aires. Como tal intervino en la investigación sobre la apropiación ilegal de Juan Cabandié e investigó la apropiación de bienes por parte del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Fue secretario del juzgado de Jorge Ballestero, que tuvo a su cargo la restitución de los mellizos Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa. Intervino, también, en una comisión del Ministerio Público Fiscal sobre apropiación de niños.

Miguel Ángel Osorio nació en Tucumán, pero desde muy pequeño vivió en Santiago del Estero. Cuando tenía 10 años, la familia se mudó a San Fernando, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Sus padres se dedicaban al comercio. Estudió abogacía en la Facultad de Derecho de la UBA, donde ingresó en 1973. Luego hizo algunos posgrados y una maestría en Ciencia Política en FLACSO. No tuvo militancia política universitaria, ya que por esa época trabajaba en ENTEL y su militancia era como delegado gremial. Entre 1983 y 1989 fue Director de Legales y Secretario de Gobierno en la Municipalidad de San Fernando y luego trabajó en SENASA, un organismo de control del ámbito de la administración pública nacional. Es Fiscal General ante los Tribunales Orales Federales de la Capital desde hace un poco más de 20 años, y durante 18 años como Fiscal de Instrucción en el fuero federal. Como Fiscal Federal de Instrucción intervino en la causa conocida como Plan Cóndor, que investiga hechos de detenciones, desapariciones y muerte ocurridos en los distintos países del Cono Sur y la relación entre los gobiernos y las fuerzas armadas de los países con relación a la comisión de esos delitos.

Federico Delgado es el titular de la fiscalía federal en lo criminal No.6 de la Ciudad de Buenos Aires. Estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Ciencia Política en la misma universidad. Como fiscal federal, intervino en la investigación de los crímenes cometidos en el Primer Cuerpo de Ejército, en el Plan sistemático de robo de niños e impulsó investigaciones sobre los civiles que dieron sustento al golpe de Estado de 1976 -- entre ellos, el llamado Grupo Perriaux. También impulsó las investigaciones por delitos sexuales en el marco del terrorismo de Estado. Federico falleció el 27 de agosto de 2023.

Graciela nació en Rosario y vive en Córdoba desde su infancia. Estudió derecho y trabajó en diferentes instancias del sistema judicial. En 1994 la nombran Fiscal Federal Nº 3 de Córdoba cargo que ocupa hasta la fecha. En 1998, a partir del pedido de organismos de derechos humanos, se reabre la Causa Menéndez, a los fines de obtener la verdad histórica. La Cámara Federal de Córdoba, a diferencia de otras Cámaras que asumen ellas mismas la tramitación, dictamina reabrir la causa y la delega al Juzgado a cargo de la Dra. Cristina Garzón de Lazcano, Jueza Federal nº 3 de Córdoba, ante el cual Graciela es Fiscal. Desde ese momento ha realizado numerosas investigaciones y diligencias para los juicios por violaciones a los derechos humanos que se siguen en la pcia. de Córdoba.

Julio fue profesional del Poder Judicial entre 1962 y 1986. Se desempeñó como Fiscal de la Cámara Federal de la Capital que tuvo a su cargo el Juicio a las Juntas Militares (1985). Luego fue nombrado Embajador para los Derechos Humanos ante Naciones Unidas (Ginebra), cargo que desempeñó hasta 1989. En el momento de la entrevista está jubilado y sigue ejerciendo su profesión. Nota: Julio César Strassera falleció el 25 de febrero de 2015.

Luis es abogado y al momento de la entrevista se desmpeña como Fiscal Jefe del Tribunal Penal Internacional en La Haya. Actuó como Fiscal Adjunto de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Capital Federal, donde se llevó adelante la acusación contra las Juntas Militares en el Juicio de 1985. Su desempeño en esa Fiscalía continuó hasta 1992, participando en otras causas de delitos por violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Ha sido profesor de derecho en las Universidades de Buenos Aires y en diversas universidades extranjeras.

María Isabel Sanauria nació en 1961 en Corrientes capital. Es abogada e integra la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Corrientes. Es familiar de Rómulo Artieda, desaparecido en 1977, y de Víctor Hugo Benítez, ex preso político, y desde 1998 integra la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes. Ha sido querellante en varios procesos por violaciones a los derechos humanos y, desde la función pública, forma parte del equipo de investigación y juzgamiento de los procesos por crímenes contra la humanidad que se desarrollaron en la provincia de Corrientes y del proceso de búsqueda de personas desaparecidas. Actualmente pertenece a la Asociación Civil Espacio de Memoria del ex Regimiento 9, hoy Sitio de Memoria.

Germán Wiens nació en Venezuela pero pasó gran parte de su infancia y adolescencia en la provincia de Corrientes donde se recibió de abogado en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Desde muy joven tuvo una activa militancia política dentro del peronismo. En 1976, al producirse el golpe de Estado, se exilió en Venezuela para regresar al país años más tarde. En 1997 asumió como Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y durante veinte años ejerció ese cargo. Participó como Fiscal en múltiples causas por crímenes de lesa humanidad en las provincias de Chaco y Corrientes. Actualmente pertenece a la Asociación Civil Espacio de Memoria del ex Regimiento 9.

Julia Vitar vive en San Miguel de Tucumán. Fue militante de la Agrupación H.I.J.O.S Tucumán (Hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio). Abogada querellante en los primeros juicios de Lesa Humanidad en la Provincia, luego Fiscal Ad hoc en el Juicio Operativo Independencia.